La Policía solicitó detener al patriarca del clan Pujol y registrar su domicilio; la Fiscalía rebajó la petición aceptando sólo el registro de su casa; y el juez José de la Mata limitó finalmente la actuación a tres de sus hijos. De esta manera, la gran operación por corrupción contra esta dinastía catalana, que movilizó ayer a 200 agentes y en la que se practicaron una quincena de registros, se ha saldado sin ninguna medida cautelar para los Pujol, que continúan en libertad.

El magistrado ha reducido también el número de delitos atribuidos por la Policía en su petición y sólo advierte indicios de blanqueo de capitales para los dos nuevos hijos del expresidente catalán imputados. De esta manera, rechaza la pretensión de la Policía de considerar al clan familiar una organización criminal. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trasladó al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional una propuesta de actuación que consistía en arrestar al ex 'molt honorable' y rastrear su vivienda en busca de pruebas del origen de su fortuna andorrana. Asimismo, la Policía planteaba el arresto de sus hijos Jordi, Josep y Pere.

El elemento que llevó a la UDEF a pedir una actuación contundente contra el clan catalán fue el hallazgo del manuscrito entregado por el ex presidente autonómico al Andbank en mayo de 2001, desvelado por EL ESPAÑOL, y en el que confesaba que el dinero a nombre de su hijo Jordi Pujol Ferrusola en realidad era suyo. Con esta prueba documental, la Policía concluye que el botín escondido en Andorra siempre ha sido del patriarca, que el argumento de que procede de una herencia es falso y que sus hijos son sus testaferros. El segundo gran motivo que ha detonado la operación es el vaciado de las cuentas del Principado y el desvío de los fondos a Panamá, Belice y Barbados.

La fortuna es de Jordi Pujol

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción consideró que era necesario y proporcional registrar el domicilio del matrimonio Pujol-Ferrusola por un criterio similar. El manuscrito, en el que deja negro sobre blanco que lo ahí guardado era suyo y no de su hijo Jordi, a pesar de ser éste el titular, y por lo que en caso de fallecimiento todos los fondos debían ir destinados a una cuenta particular de su esposa, Marta Ferrusola, es una prueba lo suficientemente contundente como para entrar en su domicilio.

El Ministerio Público entendía que se debían buscar en la casa del matrimonio pruebas que certifiquen que el exdirigente catalán amasó una fortuna a pesar de ser durante 23 años presidente de la Generalitat y, por tanto, ostentar un cargo público con un sueldo muy concreto. 

La hipótesis que se plantea Anticorrupción radica en que si la versión de la herencia del padre del expresidente, Florenci Pujol, no es cierta, es esencial averiguar el origen del dinero guardado en Andorra. Por eso, intentó convencer sin éxito al juez de la importancia de registrar la vivienda de Pujol y Ferrusola.

Anticorrupción busca el origen y destino del dinero

La Fiscalía también consideró que en casa del matrimonio podrían aparecer pruebas sobre el destino del dinero guardado en la cuenta del expresidente, bajo la titularidad de su hijo mayor, y que ha sido vaciada en estos últimos años.

Anticorrupción sospecha que toda la familia ha actuado "conjuntamente" para amasar una fortuna que después fue, presuntamente, blanqueada, tal y como lo mantuvo en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona y en el que pedía que la investigación al matrimonio y todos sus hijos, excepto Josep, por la supuesta herencia familiar, se una a la causa de la Audiencia Nacional contra el primogénito por presuntos cobros de comisiones por parte de empresarios a cambio de intermediación en la adjudicación de obra pública en Cataluña.

Se niega a imputar a todos los hijos

Con este mismo planteamiento, se propuso al juez De la Mata imputar a todos los hijos. Sin embargo, éste sólo accedió respecto de Pere y Josep Pujol Ferrusola, cuyos nombres aparecen vinculados a empresas que habrían recibido transferencias de dudosa justificación.

Sin embargo, el instructor que llevó a cabo ayer la 'Operación Hades' sí accedió a registrar a varios empresarios de renombre en la sociedad catalana. Simultáneamente a entrar en los domicilios de Jordi, Josep y Pere Pujol Ferrusola, la Policía accedió al presidente de Isolux, Luis Delso; al vicepresidente de Comsa-Emte, Carles Sumaroca Claverol; al vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Carles Vilarubí y a su antecesor, Jaume Ferrer Gruapera.

Sobre todos ellos sobrevuela la sospecha de que habrían pagado a Jordi Pujol Ferrusola comisiones por conseguirles adjudicaciones en la Administración catalana, pagándole a través de facturas por trabajos ficticios. Una vez que la Policía analice toda la documentación incautada podrá tener más base sobre la que reforzar las acusaciones.

La Policía hizo ayer una muestra de su implicación en la causa. Formó un operativo de 200 agentes para controlar al milímetro la operación. A las ocho de la mañana, varios agentes acompañados por dos fiscales de Anticorrupción irrumpieron en la casa del expresidente catalán.

Había una orden expresa de De la Mata de no detener a nadie y de no entrar en la casa del matrimonio Pujol-Ferrusola. Sin embargo, la Policía descubrió que el primogénito llevaba unos días viviendo con sus padres mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica. Por eso, accedieron a la vivienda del expresidente con el único objetivo de requisar las pertenencias de su hijo y trasladarle hasta su propio domicilio, donde se llevaría a cabo el registro. Al unísono, varios agentes entraban en casa de Pere y Josep, a quienes se le informó posteriormente se encontraban imputados por el juez De la Mata por un delito de blanqueo de capitales.